Nacionalidad española por residencia: la vía de 2 años para iberoamericanos

El artículo 22 del Código Civil establece que basta con dos años de residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la solicitud, para nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal y sefardíes. Esto significa que ciudadanos de México, Colombia, Perú, Argentina, Venezuela, Ecuador, Chile y el resto de países latinoamericanos acceden a un beneficio que no tienen otros extranjeros, para quienes el plazo general es de diez años (o cinco si se obtuvo asilo, o uno en supuestos de matrimonio con español, entre otros).

La residencia debe ser legal, es decir, amparada por una autorización válida (trabajo, estudios que computan solo parcialmente, familiar u otra), continuada sin salidas prolongadas que interrumpan la unidad de residencia, e inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud. Una salida de España de varios meses seguidos puede interpretarse como interrupción de la continuidad y hacer necesario reiniciar el cómputo.

Además del plazo de residencia, la ley exige acreditar buena conducta cívica, mediante certificado de antecedentes penales español (y, en la práctica, se valora también la ausencia de antecedentes relevantes en el país de origen) y un grado suficiente de integración en la sociedad española. Esta integración se demuestra habitualmente con la superación de dos pruebas del Instituto Cervantes: el DELE A2 (conocimiento del idioma español, aunque los solicitantes hispanohablantes de nacimiento están exentos de este examen) y el CCSE (conocimientos constitucionales y socioculturales de España), obligatorio para todos los solicitantes salvo menores de edad.

• Certificado de empadronamiento histórico que acredite la residencia continuada en España durante el periodo exigido.
• Certificado de antecedentes penales español (Registro Central de Penados) y, si se ha residido fuera, del país correspondiente, apostillado y traducido cuando proceda.
• Certificado del CCSE aprobado y, si aplica, del DELE A2.
• Literal de nacimiento del país de origen, apostillado, con una vigencia recomendada no superior a seis meses en el momento de presentación.
• Presentación de la solicitud a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia, con abono de la tasa correspondiente (modelo 790, código 026).
• Resolución administrativa, con un plazo legal máximo de un año, aunque en la práctica los tiempos reales de resolución han oscilado, según la carga de expedientes, entre varios meses y más de un año.

Un supuesto habitual es el de personas que llegaron a España con visado de estudiante y después obtuvieron un permiso de trabajo: el tiempo como estudiante no computa como residencia a efectos de nacionalidad, por lo que el cómputo de los dos años empieza cuando se obtiene la primera autorización de residencia que sí compute (trabajo, arraigo, familiar, etc.). Otro caso frecuente es el de quienes han residido con la tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión o mediante reagrupación familiar: ambas vías computan como residencia legal a efectos de nacionalidad, siempre que se mantenga la continuidad exigida.

También es relevante para quienes tienen doble intención de recuperar vínculos familiares españoles: si tienes ascendientes españoles, conviene valorar previamente si te corresponde la vía de la nacionalidad por Ley de Memoria Democrática, que no exige residencia previa en España y puede resultar más rápida en determinados casos.

Los motivos más comunes de denegación o de requerimientos que alargan el expediente son: interrupciones de residencia no justificadas (viajes prolongados al país de origen), discrepancias entre el domicilio empadronado y el declarado en anteriores autorizaciones, antecedentes penales no resueltos o no comunicados, y errores en la transcripción de nombres y apellidos entre el literal de nacimiento y los documentos españoles, especialmente relevante para apellidos compuestos habituales en países como Colombia o México.

Una vez concedida la nacionalidad, es obligatorio jurar o prometer fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y las leyes ante el Registro Civil o notario, dentro del plazo de 180 días desde la notificación, así como, en general, renunciar formalmente a la nacionalidad anterior salvo que se trate de un país con el que España mantenga convenio de doble nacionalidad, como es el caso de la mayoría de los países iberoamericanos, donde en la práctica la renuncia tiene efectos limitados y no implica la pérdida real de la nacionalidad de origen conforme a la legislación de esos países.

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